El proceso es sencillo: 1. Seleccionas el servicio legal que necesitas. 2. Realizas el pago correspondiente. 3. Te redirecciona automáticamente para agendar la orientación y firma de contrato. 4. Allegas la documentación solicitada por el abogado. 5. Iniciamos inmediatamente la gestión.

Manejamos tarifas fijas para servicios específicos: Acción de tutela $440.000 COP, Derecho de petición $140.000 COP. Estos valores aplican para casos que encajen dentro de estos servicios, no incluyen impugnación e interposición de recursos.

Se evaluará tu situación y se te indicará la mejor alternativa jurídica. Si se requiere un servicio diferente, se informará previamente antes de radicar.

Estudio del caso, orientación, elaboración del documento, revisión jurídica, presentación y trámite hasta la sentencia de primera e única instancia.

Sí. El análisis de tu caso hace parte del servicio contratado.

Una vez confirmado el servicio y realizado el pago, se coordina la atención o se inicia la elaboración del documento.

Principalmente virtual.

Depende del caso, pero generalmente: Derecho de petición, 3 días hábiles y hasta 20 días hábiles para que la entidad responda. Acción de tutela, 2 a 5 días hábiles y hasta 12 días hábiles para el fallo. Eliminación del reporte, 10 días hábiles y hasta 6 meses para que se refleje el cambio. Los tiempos pueden variar según disponibilidad, suspensión de términos judiciales o vacancia judicial.

Relato cierto de los hechos, documentos relevantes, correo electrónico, dirección física, documento de identidad y cualquier otro documento necesario.

Dispones de un término prudencial de un mes para aportar la documentación requerida. Si no te es posible reunirla, puedes solicitar una prórroga de hasta tres meses. No será posible avanzar en el caso sin la documentación necesaria, y su falta puede dar lugar a la terminación unilateral del contrato sin devolución de honorarios.

El cliente declara que toda la información y documentación suministrada es veraz, completa y auténtica. Aportar información falsa o documentos falsificados constituye un incumplimiento grave que faculta al profesional para terminar el contrato unilateralmente, sin devolución de honorarios, siendo el cliente el único responsable de las consecuencias legales derivadas.

Sí, tiene un costo de 280 mil pesos colombianos.